Disputa Gobierno- Partido Socialista

El país observa que el gobierno y los partidos políticos de la oposición siguen fuertemente  enfrentados por las declaraciones emitidas por la Ministra Cecilia Pérez sobre el partido socialista y la eventual vinculación de sus militantes con el narcotráfico.

 

Como este conflicto, particularmente en lo relativo  a la decisión de los parlamentarios de oposición de no aceptar la presencia de subsecretarios u otras autoridades de gobierno en las sesiones de las Comisiones encargadas del estudio de diversos e importantes proyectos de ley, genera un perjuicio indesmentible al país y sus legítimos intereses, es lógico y pertinente que nos preguntemos ahora si los protagonistas principales de esta enconada disputa están cumpliendo con las obligaciones o deberes que a este respecto les impone la Constitución Política. Me parece que la respuesta es simple: ambas autoridades involucradas han dejado de cumplir con responsabilidades o deberes que les  atribuye  la Carta Fundamental. En efecto, de acuerdo con el Art 24 de la Constitución, el Presidente de la República, Titular del Gobierno, es además Jefe del Estado, y en este carácter le corresponde asumir un liderazgo  destinado a promover y asegurar la unidad nacional,  factor este indispensable  para garantizar el desarrollo de Chile.

 

Por tanto, sus declaraciones públicas, y por cierto la de sus ministros, no pueden ser opuestas o contradictorias con su deber principal  de ejercer este tipo de liderazgo,  para promover la referida concordia  o unidad nacional lo que ciertamente pugna con los duros  dichos de la Ministra Pérez.

 

Pero también infringen abiertamente la Constitución los acuerdos adoptados por los diputados y senadores opositores, de paralizar el estudio de importantes proyectos de ley, por la vía de impedir la presencia en las respectivas Comisiones  de estudio de los subsecretarios u otras autoridades enviadas por el Gobierno. Y la infringen  por una razón bastante simple y lógica: la legitimidad de la función parlamentaria se sustenta en el  hecho de que en una democracia representativa, como la nuestra,  Diputados y Senadores sólo son mandatarios del pueblo (ciudadanos) es decir, cumplen relevantes funciones a favor o en provecho de sus mandantes los que  en cada elección les permiten asumir funciones legislativas de las que no pueden  desvincularse  o desprenderse a su gusto. Lo dicho queda de manifiesto entre otros en el Art 37 de la Carta Fundamental según el cual y con el fin de  favorecer el buen estudio de  los  proyectos de ley los Ministros de  Estado “podrán, cuando lo estimen conveniente” asistir y tomar parte de los debates en cualquiera de las dos Cámaras, incluso “con preferencia para  hacer uso de la palabra”. Obvio es que lo anterior, en su esencia y espíritu, es igualmente válido para los  subsecretarios  y demás asesores del  Gobierno.

 

En resúmen, el conflicto descrito no significa una crisis de las instituciones  correspondientes, sino tan sólo la falta de una correcta  y leal sumisión de las  autoridades respectivas a los deberes que el orden Constitucional les impone.

 

 

Gustavo Cuevas Farren

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