Tensiones entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional

La Corte Suprema ha cohonestado el actuar de los jueces que continúan aplicando, en algunos casos, el antiguo Código de Procedimiento Penal; un código cuyos preceptos vulneran las normas del debido proceso garantizadas por disposiciones permanentes de nuestra Constitución Política y por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, los que deben ser respetados y promovidos por todos los órganos del Estado, según lo dispone el artículo 5º de nuestra Carta Fundamental.

Por lo anterior, a fin de respetar el principio de supremacía constitucional y de compatibilizar nuestra legislación interna con el derecho internacional de los derechos humanos, fue reemplazado por el Código Procesal Penal, que entró en vigor en todo el territorio nacional el 16 de junio de 2005; fecha en la que el antiguo Código y el sistema procesal penal inquisitorial que establecía quedaron derogados tácitamente. No obstante los jueces ordinarios, al no ejercer los debidos controles de constitucionalidad y de convencionalidad, continúan aplicándolo.

            Los jueces constitucionales, por otra parte, han rechazado los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas jurídicas que justificaban la coexistencia de dos sistemas procesales penales diferentes y el sometimiento de los ciudadanos a dos clases distintas de justicia durante el tiempo que tomó la entrada en vigencia gradual o progresiva del nuevo sistema procesal penal —entre los años 2000 y 2005— lo que significaba una gravísima vulneración a la igualdad ante la ley (la disposición constitucional octava transitoria y el artículo 483 del Código Procesal Penal).

            Con ello, el Tribunal Constitucional no solo ha renunciado al ejercicio de sus funciones esenciales —resguardar la observancia del principio de supremacía constitucional y tutelar los derechos y garantías que nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas— sino que ha avalado la vigencia de un sistema procesal penal inconstitucional que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial. Y, además, ha avalado la pretensión de hegemonía constitucional por parte de la Corte Suprema.

Publicada en el Diario Constitucional el 28 de marzo de 2019.

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