Corte Suprema, decisión inconstitucional

Los  diputados  Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma han enviado una carta a los  Ministros de la Corte  Suprema señalándoles la improcedencia de que dicho Tribunal haya resuelto estudiar un procedimiento para dejar sin efecto uno de sus fallos el que el año 2014 condenó a 8 comuneros mapuches, la mayoría por delitos terroristas,  obedeciendo con este fin lo ordenado por la Corte interamericana de Derechos  Humanos. Señalan en la carta los Diputados como fundamento de su posición qué “el Estado no puede ceder soberanía  jurisdiccional”.

Cabe felicitar a los diputados porque, al fin, autoridades con peso ante la opinión  pública, reparen en lo grave que es que nuestros Tribunales Superiores puedan alterar sus decisiones doblegándose frente a requerimientos impuestos  por la aludida Corte Interamericana, situación anómala  ésta  que ya  comienza  a  ser frecuente.

Porque efectivamente, según se lee en la propia Constitución Política y lo afirma   además la doctrina  surgida de un fallo,  macizo  e inobjetable,  dictado  el  año 2003 por el Tribunal Constitucional, que el ejercicio  de la función jurisdiccional por el poder judicial significa también ejercer la soberanía del Estado, por lo que ningún otro Estado y menos aún cualquier autoridad  externa de menor categoría,   cual es el caso de la Corte Interamericana, puedan llegar a violentar o desconocer decisiones que emanan de nuestro poder soberano.

Y ello es  así,  en el caso que nos ocupa  y aunque el Tratado internacional respectivo le otorgara este derecho  a la mencionada Corte,  por cuanto como lo ha recordado el Tribunal Constitucional en la antes mencionada sentencia, todos los  tratados  internacionales, están  siempre  sometidos a  nuestra Constitución.

Gustavo Cuevas Farren

Profesor  universitario

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