Abuso parlamentario

Señor director:

Los diputados han acordado conformar una comisión investigadora para examinar la procedencia y legalidad de la adquisición del actual subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, de terrenos ubicados en la 9° región que supuestamente, por tratarse de terrenos regidos por la ley indígena, no sería posible de transferir a terceros adquirentes.

Cabe tener presente que dicha compra el actual subsecretario Ubilla la efectuó en años anteriores, como un simple particular y cuando no ocupaba cargo público alguno.

Cabe tener presente, entonces, que la aludida comisión investigadora es fruto de una decisión absolutamente inconstitucional de los diputados, puesto que la facultad fiscalizadora que la Constitución les otorga se refiere clara y, exclusivamente a la fiscalización de los «actos de gobierno», esto es, de los que emanan directamente de la amplia estructura burocrática, presidida por el Presidente de la República e integrada por sus ministros y demás funcionarios con autoridad, que en conjunto son el gobierno de la nación.

Por tanto, atendido que esta facultad de «fiscalizar» forma parte del sistema de «contrapesos y controles recíprocos» entre los poderes principales del Estado (acorde con la teoría de la separación de los poderes públicos) no se divisa de que modo los diputados la pueden extender para examinar en su mérito o conveniencia lo que es un acuerdo de voluntades para la transferencia de un predio entre contratantes privados, que en carácter de tal no ostentaban representación legal alguna.

se trata, en suma, de un despropósito y de una nueva manifestación de abuso por parte de los diputados que no ayuda a mejorar el negativo nivel de confianza que los ciudadanos expresan tener en sus congresistas.

 

Gustavo Cuevas Farren

Abogado

Profesor de Derecho Constitucional

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