TC y Estado de derecho

Comparto la opinión del profesor Raúl Bertelsen en el sentido de que “el constitucionalismo procura el sometimiento del poder al derecho contenido en la Constitución” y en la necesidad de un órgano que controle “si los proyectos de ley o las leyes ya aprobadas se ajustan a la Constitución”; y que declare inaplicables, en gestiones que se sigan ante tribunales ordinarios o especiales, preceptos legales cuya aplicación resulte contraria a la Constitución.

Este órgano es el Tribunal Constitucional, el que lamentablemente no ha acogido las acciones de inaplicabilidad interpuestas en contra de numerosos preceptos del antiguo Código de Procedimiento Penal, que le vedan a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial; y que trasgreden garantías constitucionales y de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, los que deben ser respetados y promovidos por todos los órganos del Estado, según lo dispone el artículo quinto de nuestra Carta Fundamental.

Tales preceptos legales, formalmente vigentes, están derogados tácitamente; no deben ser aplicados; y no pueden producir efectos de ninguna forma para la obtención de una sentencia.

Enviada a La Tercera el 28 de febrero de 2019.

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