DESIGNACION DE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ COMO MINISTRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cabe felicitar al Presidente Piñera por la designación del Profesor Miguel Ángel Fernández González como nuevo ministro del Tribunal Constitucional. Debido a mis actividades académicas y universitarias, conozco al profesor Fernández desde hace largo tiempo, y doy fé que se trata de uno de los más sólidos especialistas en esta área del Derecho, con creatividad y amplios conocimientos que ha entregado en su cátedra y en estudios y publicaciones de amplia difusión. En breve, si yo tuviere que buscar y proponer un jurista con la trayectoria y sólida preparación en el derecho constitucional, que exige la trascendente y delicada misión que corresponde cumplir a los integrantes de este órgano, estoy cierto que, inevitablemente, terminaría escogiendo a Fernández.


No obstante lo anterior, el partido socialista emitió un comunicado para criticar este nombramiento debido a la evidente “vinculación política con la coalición de derecha” del nuevo Ministro, lo que convertiría al Tribunal en una instancia jurisdiccional más bien política. Aunque es razonablemente evidente que ello no es así, porque si el escogido tuviere una posición doctrinaria más cercana con la que acogen y postulan los partidos políticos de izquierda, la dirigencia socialista seguramente habría dejado constancia de su positiva conformidad con el nombramiento, lo cierto es que detrás de esta negativa reacción de este integrante del estamento político partidista, se esconde en verdad un problema más delicado y significativamente importante para nuestro régimen institucional.

En mi opinión, el problema apunta a lo siguiente: la fórmula escogida por el constituyente para la generación de los miembros del Tribunal, favorece la intromisión político partidista en la designación de éstos, particularmente cuando el escogido debe serlo por el Congreso, a quien le corresponde nombrar a cuatro Ministros (de un total de 10) ocasión en la cual, como ha sido informado por los medios de comunicación social, las pujas y peleas entre bambalinas de los diferentes partidos para imponer como ministro a “uno de los suyos” son ya tradicionales. Honradamente, además, también existe este riesgo con los tres nombramientos que debe hacer el Presidente, aunque los conflictos al respecto son más escasos y de menor intensidad. Con todo, para conservar y proteger la legitimidad del Tribunal, que se apoya fundamentalmente en su neutralidad e independencia política, creo razonable reemplazar del todo la formula actual (Art 92 de la constitución) que como acabamos de sostener es muy amigable con la intervención de las fuerzas políticas en la nominación de los ministros, por otro mecanismo institucional que entregue esta responsabilidad de elección de los integrantes del Tribunal a las Corporaciones que la sociedad civil puede ofrecer para ello, por su experticia y capacidad técnica en esta materia, tales como Facultades de Derecho y el propio Colegio de Abogados, regulados para este efecto por el orden normativo que sea necesario promulgar, para buscar y luego seleccionar a los juristas más sólidos y prestigiados en el conocimiento o aplicación de esta área del derecho público, a los que por cierto, se les debería exigir completa prescindencia político partidista.

Estimo, por último, que así integrado el Tribunal Constitucional, fortalecería su legitimidad, convirtiéndose más bien en un organismo con reales y estrechos lazos con la sociedad civil puesto que es ésta, en definitiva, la que se sirve y beneficia de la labor que en defensa y resguardo de la Supremacía Constitucional le corresponde llevar a cabo a esta alta Magistratura.

Gustavo Cuevas Farren
Abogado Profesor
Derecho Constitucional

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