Certeza y ley de amnistía

Frente al abierto y reiterado atropello a la legalidad vigente por los así denominados juicios de lesa humanidad me permito aportar un enfoque diferente con el ánimo de influir en algo a la notoria injusticia que se ha venido practicando en Chile por ya, lamentablemente, más de dos décadas. Lo peor del diagnóstico es que la ignominiosa situación no se ve que disminuya sino muy por el contrario, hay claros signos que en el futuro se acrecentará con el silencio cómplice de la comunidad jurídica nacional.

El enfoque que propongo lo fundo en el trascendental cambio que introdujo la Constitución de 1980 a nuestro ordenamiento jurídico en materia de precedente judicial. A partir de ella, verdaderamente los Tribunales de Justicia han dejado de ser órganos aplicadores de la ley, debiendo buscar siempre en su actuar la seguridad jurídica, como valor inmediato, y justicia, como valor mediato del derecho.

En ese orden de ideas, no podemos menos que lamentar el activismo judicial ideológico desplegado por la inmensa mayoría de las Cortes de Apelaciones del país avaladas luego por la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema. En materia de investigación de hechos acaecidos entre los años 1973 y 1978 han venido sustentando exactamente la doctrina contraria a la de dos fallos unánime de la Corte Suprema en una materia de extraordinaria trascendencia para la paz social como lo es la Ley de Amnistía.

En efecto, con fecha 24 de enero de 1990, el Pleno de Ministros de la Corte Suprema por la unanimidad de sus integrantes rechazó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto en contra del D.L. 2191 de 1978, Decreto Ley de Amnistía. El máximo Tribunal impuso la tesis que verificada la procedencia de la ley de amnistía deben los jueces proceder a declararla decretando el sobreseimiento definitivo por encontrarse agotada la investigación. A mayor abundamiento, el mismo Supremo Tribunal y nuevamente por unanimidad de sus integrantes confirmó la misma doctrina, el 28 de septiembre de 1990, agregando, entonces que “…. Verificada la procedencia de la ley de amnistía o perdón, los jueces deben declararla , poniéndose término a la indagación o proceso judicial, puesto que así lo dispone el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, precepto que en esta situación prima por sobre cualquier otro, puesto que obliga al juez, antes de proseguir con la acción penal, si los antecedentes que le suministre el proceso demuestra que se halla extinguida la responsabilidad procesal del inculpado, a pronunciarse sobre el punto negándose a dar curso al juicio, lo que hará en consecuencia, sobreseyendo definitivamente la causa”.

Hoy los fallos de las Corte de Apelaciones y de la Sala Penal del Máximo Tribunal ha sustentado la doctrina exactamente contraria a la que había fijado en fallos unánimes el Pleno de la Corte Suprema.

Resulta indispensable cuestionarse esta materia en orden a saber si es legítimo un cambio jurisprudencial tan radical en los términos expuestos. El concepto de la amnistía finalmente importa la búsqueda de la paz para todos y cada uno de los integrantes de la sociedad y no necesariamente para algunos pocos. En ese contexto, debemos reflexionar en torno al concepto del precedente judicial y su mérito. Aquel, desde luego, se funda en valores propios y únicos del Derecho como son la Seguridad Jurídica y la Justicia.

En términos generales y a la vez muy aparente, nuestro sistema jurídico no le brinda al precedente judicial un valor de fuente formal del derecho, es decir, un valor vinculante a éste, que importe la forma como se manifiesta el derecho, y por ello que obligue a seguirlo. Aquello parece sólo reservado a la ley, en este sistema legalista, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas como, por ejemplo, en el anglosajón en donde el precedente judicial sí tiene el mérito antes descrito.

Sin embargo, esto es algo muy aparente, ya que los principios constitucionales antes mencionados le otorgan precedente judicial, particularmente cuando éste – como en la especie – emana de la unanimidad de los integrantes del pleno del tribunal superior de la República, un valor de mayor permanencia y respeto. El principio de la igualdad ante la ley importa ante todo una medida la justicia fundada necesariamente en la certeza de que cualquiera que se encuentre bajo un mismo supuesto normativo recibirá un trato equivalente por parte de quien está llamado a aplicar la ley.

¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué hizo que para un caso idéntico se dejara de aplicar el precedente unánime e interpretativo del D.L. de amnistía? Una ligera respuesta señalaría sencillamente que de conformidad con nuestro sistema jurídico, lícitamente se modificó la doctrina sustentada para tal o cual caso particular. Sin embargo, bajo las exigencias de un Estado Constitucional de Derecho ello no es posible, ya que la libre interpretación del derecho de que gozan nuestros tribunales frente a un cambio tan radical de posición exige la motivación pormenorizada de la doctrina contraria a la que se sustenta. Un actuar distinto importa transgredir el principio de la racionalidad y significa en los hechos una acción arbitraria, prohibida para el legislador y toda autoridad, incluida por cierto, la judicial.

Un actuar como el ocurrido en todos estos caso vulnera y ha venido minando o corroyendo, a nuestro juicio, los principios antes mencionados y también el artículo 5º de la Constitución, límite al ejercicio del poder soberano, así como el artículo 1º, inciso 4º, de la Carta Fundamental, ya que la arbitrariedad es obviamente contraria a las exigencias del bien común.

Jorge Reyes Zapata
Abogado

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