¿Sentencias que no se cumplen?

Señor Director:

Un editorial publicado en este periódico nos ha alertado acerca de un problema que ciertamente podría corroer, si persistiere, las bases de nuestro Estado de Derecho: se nos recuerda en dicho editorial que el Tribunal Constitucional, órgano investido de poderosas y eficaces nuevas atribuciones en virtud de la reforma constitucional del año 2005, carece sin embargo, y del todo, del imperio o facultad privativa que le permitiría exigir de las autoridades administrativas, legislativas o judiciales el fiel y total cumplimiento de los fallos emitidos por tan alto tribunal.

De este modo, y como consecuencia de esta carencia, las Cortes de Apelaciones dictan sentencias que, en esencia , borran de un solo plumazo lo resuelto por la instancia constitucional, anomalía que el editorial ejemplifica citando un caso didáctico y convincente sobre aplicación de multas por el no pago del tag, origen de un fallo de segunda instancia que contradice abiertamente lo resuelto por dicha instancia. Es evidente, con todo, que este específico incumplimiento podría generalizarse afectando o haciendo peligrar el propio orden jurídico democrático.

Además, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional cumple, prácticamente, en exclusividad, la misión de asegurar la supremacía constitucional, esto es, y en lenguaje simple, de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas que la Carta Fundamental con esmero asegura y protege, los que resultarían claramente desconocidos o violados si la autoridad, de cualquier especie, pudiese imponer decisiones incompatibles con los valores o con la letra del texto constitucional. Es ineludible, entonces, dotar al citado tribunal de la facultad de imperio que reclamar su alta investidura y su delicada misión, asegurando la defensa del orden constitucional.

Es bastante contradictorio, en todo caso, que en virtud de la reforma constitucional del año 2005, el tribunal pueda ahora “derogar” una ley, esto es, borrarla del sistema legal, y no pueda en cambio imponer a los jueces o a las autoridades del ámbito de gobierno la obligación de acatar sus fallos cuando en éstos se fijan, con certeza, el contenido y el alcance de los preceptos constitucionales que respaldan el disfrute legítimo de los derechos esenciales.

Gustavo Cuevas Farren

Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Mayor

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