Supremacía Constitucional

Señor Director:

Desde su instalación, en 1981, el actual Tribunal Constitucional se ha convertido en un celoso y eficiente guardián de la supremacía constitucional. Cumpliendo con este rol, el organismo ha contribuido también, y en forma decisiva, al fortalecimiento de la institucionalidad renovada que consagra la Carta Fundamental, hecho que a su vez ha permitido la progresiva consolidación de una sociedad libre y autónoma.

Ejemplo acabado del cumplimiento estricto de esta misión de resguardo del orden constitucional, lo constituye el fallo dictado con fecha 4 de enero recién pasado con relación al proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y establece normas para impedir el lavado de dinero.

El tribunal declaró inconstitucional una importante disposición de esta iniciativa legal, referida al Consejo de Defensa del Estado, por considerar que ella violentaba fundamentales derechos y garantías reconocidas a todas las personas por la Constitución en sus capítulos I, Bases de la Institucionalidad, y Tercero, Derechos y Deberes Constitucionales. Es decir, sin dejar de reconocer la trascendencia de esta legislación como insustituible herramienta para combatir el narcotráfico, el tribunal optó en todo caso por hacer prevalecer sin vacilaciones el estatuto básico y superior que garantiza a los gobernados la plena vigencia de sus derechos esenciales.

Algunos sectores políticos vinculados a la Concertación, reaccionando frente a esta decisión judicial inapelable, la han criticado porque a su juicio se impediría la promulgación completa de una ley previamente “consensuada” por todos los grupos políticos presentes en el Parlamento, a la que se habría privado de una de sus partes principales, dificultándose de este modo la lucha contra el narcotráfico.

A nuestro juicio, estas críticas no hacen sino comprobar el elevado grado de desconocimiento que la clase política en general tiene  acerca del carácter y misión de este órgano constitucional de control, cuya tarea principal ciertamente no consiste en validar o subordinarse a los acuerdos políticos en los que se sostengan determinados proyectos despachados por el Parlamento, sino que en verificar rigurosamente que esos acuerdos y tales proyectos efectivamente respeten la letra y el espíritu de la Constitución. Y precisamente en el cumplimiento de este delicado y difícil rol de control, la evidencia empíricamente acumulada indica que las disposiciones constitucionales que regulan a este tribunal han hecho posible que realmente él se haya convertido en una instancia técnica, despolitizada e imparcial, lejos del alcance de la partitocracia manipuladora y eficaz garante de la subsistencia de un estado democrático de Derecho.

Gustavo Cuevas Farren

Abogado y Profesor de Derecho Político y Constitucional

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