Cuando el Estado interviene

La grave crisis por la que atraviesa nuestro sistema bancario nos impulsa, como cumpliendo un deber moral, a exponer nuestro criterio, especialmente sobre las irresponsabilidades que engendraron la crisis. Agruparemos las ideas que siguen en tres breves capítulos:

DEL ESTADO TOTAL AL ESTADO-SUBISIDARIO

El sociólogo francés Julien Freund, quien visitó Chile el año recién pasado y que es uno de los más destacados especialistas de la época contemporánea, insiste en considerar como uno de los problemas más agudos del presente siglo la crisis que experimenta el Estado, que se expresa en el crecimiento innecesario de su burocracia, en el afán por someter a regulación todas las actividades sociales y en el ejercicio abusivo de sus poderes de policía y de control (esto último, característica esencial de los regímenes socialistas). Para Freund, el Estado se ha vuelto “tentacular”.

El gobierno de la Unidad Popular fue un claro ejemplo de esta patología política: el dogmatismo marxista-leninista que lo sustentaba trató de implantar en Chile ese modelo de Estado tentacular que nosotros llamaremos como Estado-Total.

Significó entonces, una reacción saludable y necesaria la consagración por el actual Gobierno del principio opuesto, el de la subsidiariedad, según el cual la órbita de competencia del Estado empieza donde termina la posibilidad de acción adecuada de las sociedades intermedias. Es decir, que no pertenece a los fines del Estado suplantar la actividad de los particulares cuando ésta se desarrolla apropiadamente.

Se trata de un principio esencialmente democrático, ya que él enfatiza el valor de la libertad y de la responsabilidad y garantiza el surgimiento de la iniciativa de las persona; es decir, una concepción política antes que económica. Por cierto que un principio de esta naturaleza no puede funcionar en una sociedad deficitaria en cuanto a virtudes morales y de austeridad en los sectores económicos influyentes.

LOS AÑOS DE LA AUDACIA

Desgraciadamente y como ocurre con tantas oportunidades de la vida, la subsidiariedad del Estado se desvirtuó y no alcanzó a cumplir sus buenos propósitos, principalmente porque se le entendió como un verdadero mandato para traspasar toda la actividad económica a los particulares, arrinconando al Estado dentro de un rol decoroso, aunque prácticamente inútil. Aun así este esquema  podría haber funcionado bien si muchos de nuestros empresarios y algunos de los denominados “grupos económicos” hubieran actuado con prudencia, honestidad y perseverancia con que actúan los agentes económicos en aquellos países con economía social de mercado exitosa, especialmente las naciones anglosajonas.

En cambio, los audaces se adueñaron de esta concepción, usándola sin escrúpulos como una excelente oportunidad (la única, quizás) para levantar fortunas rápidas, fáciles y cimentadas en el ahorro externo y en la credulidad de los depositantes nacionales. Son los años en que muchos de nosotros teníamos la sensación de estar fracasando en la vida, ya que no estábamos haciendo fortuna, y en que desde las alturas de la soberbia del equipo económico de gobierno se nos advertía que no opináramos sobre materias en las que éramos legos (o en las que éramos “gasfíteres”, como se llego a decir…).

Simultáneamente los audaces convencieron acerca de la necesidad de continuar disminuyendo el “tamaño” del Estado, empeñándose en ellos los técnicos que diseñaban las políticas respectivas con tal eficiencia y rapidez que muy pronto se pudo observar un verdadero “desmantelamiento” de éste, razón por la cual los primeros abusos y las primeras crisis no pudieron ser ni enfrentados ni controlados a tiempo.

Pero, y a pesar de todo, los propios audaces debieron recurrir al Estado cuando algunos contratiempos graves demostraron que el sistema no era capaz de operar un “ajuste automático”: entre otros, son los célebres casos de la Familia y del Banco Osorno y La Unión (situaciones estas verdaderamente monitorias). Es decir, y aun cuando en esos años no se le quería reconocer, es el Estado la única protección que tienen las mayorías cuando han caído en estas trampas financieras.

CUANDO EL ESTADO INTERVIENE…

Ahora nos encontramos en 1983, sufriendo una severa recesión económica y enfrentando una grave crisis en el seno de las instituciones bancarias y financieras. Los responsables principales ya están individualizados. Su audacia ha tenido el castigo de la quiebra, la insolvencia o la liquidación forzosa, y muchos perderán su patrimonio. Se anuncian, incluso, sanciones de tipo penal drásticas y ejemplarizadoras, como lo son el delito económico y ciertas inhabilidades.

Sin embargo, pensamos que todas estas sanciones no bastan: no son suficientes, en efecto, porque la irresponsabilidad y el egoísmo de pocos han roto la confianza de los más en una estrategia de desarrollo básicamente acertada, pero que no volverá a funcionar correctamente una vez perdida esta confianza pública; porque otra vez la sufrida clase media volverá a absorber una parte del costo de esta aventura desatinada, cargando además un resentimiento  que ya se vuelve habitual; y porque la población más desvalida puede llegar a tener la tentación de desvincularse de un sistema de vida que produce estas muestras de derroche e insensibilidad.

Gracias a Dios tenemos en el país una autoridad política pragmática y patriótica que entiende que el Estado no puede desentenderse de la realidad económica y que debe asumir frente a ella un rol diligente y activo, como un auténtico gerente del Bien Común. Bienvenida sea entonces, la intervención del Estado cuando sea exigida por los intereses superiores de la nación.

Gustavo Cuevas Farren

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